Hermosillo, Sonora. Sbado 18 de Noviembre de 2017
 
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Clausura la LXI Legislatura su segundo periodo de sesiones ordinarias

La LXI Legislatura clausuró este día su segundo periodo de sesiones ordinarias correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, con la designación del Auditor Mayor del ISAF, de los fiscales Anticorrupción y en materia de Delitos Electorales, la toma de protesta de tres magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y la elección de la mesa directiva para el segundo periodo extraordinario mayo-septiembre, que encabezará el diputado Emeterio Ochoa Bazúa, entre otros temas.

Esta última sesión ordinaria, la cual tuvo una duración de poco más de cinco horas, fue presidida por el diputado Rodrigo Acuña Arredondo, vicepresidente de la mesa directiva, debido a que el diputado Moisés Gómez Reyna no pudo asistir por un problema de salud.

Como nuevo Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización fue designado Jesús Ramón Moya Grijalva, quien obtuvo las dos terceras partes de los votos presentes en el salón de sesiones y deberá rendir protesta ante la Diputación Permanente el 15 de mayo del presente.

A nombre del grupo parlamentario del PAN, el diputado Carlos Manuel Fu Salcido propuso a la asamblea prolongar el proceso de selección, en virtud de que el Sistema Estatal Anticorrupción iniciará su vigencia hasta el 19 de julio de 2017. Al no aceptarse dicha propuesta, los diputados de Acción Nacional votaron en contra de la designación del nuevo titular del ISAF.

Con las dos terceras partes de los votos también fueron aprobadas las designaciones de Odracir Espinoza Valdez y Pedro Pablo Chirinos Benítez, como fiscales especial Anticorrupción y en materia de Delitos Electorales, respectivamente, punto en el que el grupo del PAN también manifestó su desacuerdo a través del diputado Javier Dagnino Escobosa, quien sostuvo que reprueban el método de selección y por lo tanto pedían se repusiera el procedimiento.

En el desarrollo de la sesión, los ciudadanos Rosa Mireya Félix López, Marisol Cota Cajigas y Ricardo García Sánchez, rindieron protesta ante el Pleno como magistrados de la nueva sala especializada del Tribunal de Justicia Administrativa (antes Tribunal de lo Contencioso Administrativo), quienes fueron propuestos por la titular del Poder Ejecutivo estatal.

“Los ciudadanos designados a ocupar el cargo de Magistrado cuentan con una vasta y notoria experiencia laboral en el ámbito político, jurídico y administrativo, así como con un bagaje de conocimientos que, sin duda alguna, les permitirá desempeñar sus funciones con profesionalismo, imparcialidad, transparencia y en estricto apego al marco jurídico aplicable a tales cargos”, establece el dictamen presentado por las comisiones Anticorrupción y de Vigilancia del ISAF.

La diputada Lina Acosta Cid, a nombre del grupo del PAN, adelantó que el voto de ellos sería en contra por considerar que al menos uno de ellos no reúne los requisitos de elegibilidad que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

También fueron aprobados los dictámenes con proyecto de Decreto que reforman diversas disposiciones de la Ley de Justicia Administrativa, de la Ley de Fiscalización Superior y de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, modificaciones que van en sintonía con las reformas estructurales a la Constitución Federal y a la Constitución local, en materia de combate a la corrupción.

Las comisiones Anticorrupción y de Vigilancia de este Poder dictaminaron en sentido positivo las adecuaciones a los tres resolutivos, con el objeto de dotar de facultades a diversos entes públicos que se encargarán de participar en el combate a la corrupción en el Estado.

El primero de los dictámenes hace referencia a la Ley número 102 que reforma la Constitución Política del Estado de Sonora, aprobada el 1° de diciembre de 2016 y mediante la cual se establece que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo se convierte en Tribunal de Justicia Administrativa, el cual funcionará en Pleno y con una nueva sala especializada en materia de combate a la corrupción.

Con estas reformas a la Ley de Justicia Administrativa se le otorga al Tribunal la facultad de imponer sanciones a los servidores públicos locales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal, o al patrimonio de los entes públicos locales o municipales.

La sala especializada en materia anticorrupción y responsabilidad administrativa podrá resolver respecto de las faltas administrativas graves, investigadas y substanciadas por la Secretaría de la Contraloría General y los órganos internos de control de los entes públicos estatales y municipales, o por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, según sea el caso.

El diputado Luis Gerardo Serrato Castell también habló a nombre del grupo parlamentario del PAN para fijar su postura de no avalar un sistema “a modo”, con nombramientos, indicó, que no reúnen autonomía y capacidad.

En cuanto al dictamen presentado por las mismas comisiones y que reforman y adicionan la Ley de Fiscalización Superior y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, la primera destaca que con la reforma constitucional en materia anticorrupción se establece la autonomía del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, y desaparecen las disposiciones que lo subordinan al Congreso del Estado.

Se modifica la definición de cuenta pública e introduce el concepto de auditoría que no existe en la Ley, para homologarlos con las definiciones de la normatividad federal, y se crean al interior del Instituto una unidad administrativa a cargo de las investigaciones y otra para substanciar los procedimientos que interponga en el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras. El Auditor Mayor nombrará a los auditores por un periodo de cinco años.

También establece un procedimiento para que las entidades fiscalizadas puedan solventar las observaciones de manera previa a la presentación de los informes de resultados, al cual le adiciona requisitos para la retroalimentación y el continuo perfeccionamiento de la gestión financiera y el desempeño de los entes fiscalizados, y establece procedimientos para llevar a cabo las acciones y dar seguimiento a las recomendaciones que se deriven de la fiscalización.

El ISAF podrá actuar, cuando cuente con los elementos necesarios, para promover el informe de presunta responsabilidad administrativa ante el Tribunal de Justicia Administrativa, la denuncia de hechos ante la Fiscalía especializada, la denuncia de juicio político ante el Congreso del Estado, o los informes de presunta responsabilidad administrativa ante el órgano interno de control competente.

Desaparecen de la Ley las disposiciones relativas a la indemnización resarcitoria cuando exista daño patrimonial al Estado, a los municipios o a los entes públicos, para que estas acciones se realicen a través del Tribunal de Justicia Administrativa.

En la Ley Orgánica del Poder Legislativo se homologan sus disposiciones para hacerlas congruentes con las reformas a la Ley de Fiscalización Superior, para lo cual se sustituye a la Comisión de Vigilancia del ISAF por la Comisión de Fiscalización; se derogan las disposiciones relativas al ISAF y se adiciona lo relativo al Centro de Investigaciones Parlamentarias, para que, atendiendo a su naturaleza, siga siendo parte del Poder Legislativo.

También se aprobó el Acuerdo mediante el cual esta Soberanía convoca a las instituciones de educación superior y de investigación en el Estado, así como a las organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción, para que propongan a los integrantes de la Comisión de Selección, prevista en los artículos 3, fracción I, y 18, fracción I de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción.

Este Acuerdo fue aprobado por unanimidad. A nombre del grupo parlamentario del PAN, la diputada Lisette López Godínez dijo que exhortan a la próxima Comisión de Selección para que acepte el reto de ser incorruptible y empodere a la sociedad civil.

Enseguida se aprobaron dos dictámenes con proyectos de Decreto que autorizan a los municipios de Cajeme y de Bácum a contratar un crédito con cualquier institución crediticia, a afectar como garantía y/o fuente de pago las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan, en el caso del primero, en tanto al segundo para que gestione y  contrate financiamientos hasta por la cantidad de 39 millones 199 mil 291 pesos.

De dicha cantidad, 32 millones 666 mil 76 pesos podrán ser destinados al refinanciamiento y/o reestructura de deuda del Ayuntamiento de Bácum y el resto para la realización de obras. El diputado José Armando Gutiérrez Jiménez informó que el grupo parlamentario del PAN votaría en contra, en congruencia con su postura de no contratación de deuda en el Estado y los municipios. Los dictámenes fueron presentados por la Primera Comisión de Hacienda.

La Comisión de Régimen Interno y Concertación Política propuso modificar la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sonora, a fin de que la denominación sea Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, además de estipular específicamente en la legislación, que la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Sonora contará al menos con una Dirección General de Auditoría Forense y una coordinación de investigadores.

En esta última sesión fue aprobada la Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora y de Decreto que reforma y adiciona la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sonora, LIPEES, la primera presentada por la CRICP con base a diversos escritos ciudadanos, y la segunda por el grupo parlamentario de Nueva Alianza.

Se aprobó armonizar el tema de la reelección en la Constitución local con la Federal, mediante la eliminación de los artículos transitorios sexto y séptimo de la norma estatal, los cuales contradicen lo establecido en la General.

En cuanto al tema de la residencia efectiva como requisito para ser diputado por el principio de mayoría relativa se propone homologar el periodo a dos años, en virtud de que se considera que es el tiempo suficiente para conocer acerca de los temas públicos y la problemática social, económica y política del distrito.

Y al ser un principio fundamental de los derechos humanos el de una vida libre de violencia, con el fin de construir una mayor protección en las campañas electorales y el ejercicio público, se regulan los temas de violencia política, y en cuanto al procedimiento sancionador, se establece un nuevo juicio oral sancionador, cuyo procedimiento será expedido y substanciado por el Instituto Estatal Electoral y se resolverá por el Tribunal Estatal Electoral, en concordancia con los procedimientos nacionales de este tipo.

En cuanto al Decreto que reforma la LIPEES, se retomó lo establecido por el Artículo 85 de la Ley General de Partidos Políticos, que dejó abierta la puerta a las entidades federativas para establecer otras formas de participación conjunta entre partidos, con el fin de postular candidatos en los procesos electorales, como las candidaturas comunes.

Con relación a este dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, a nombre del grupo parlamentario del PAN, la diputada Célida Teresa López Cárdenas afirmó que no respaldan las candidaturas comunes, y propuso que el tema sea analizado en una mesa de trabajo con diversos actores que conocen del tema, a fin de estar en condiciones de conocer la experiencia presentada. El dictamen se aprobó por mayoría.

Los diputados que realizaron las lecturas de los dictámenes fueron, en estricto orden: Lisette López Godínez, Emeterio Ochoa Bazúa, Jorge Luis Márquez Cázares, Fermín Trujillo Fuentes, Omar Guillén Partida, Brenda Elizabeth Jaime Montoya, David Homero Palafox Celaya, Karmen Aída Díaz Brown Ojeda, Juan José Lam Angulo y Javier Villareal Gámez.

Antes de aprobar el Decreto que clausura el segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio constitucional, la asamblea votó por los integrantes de la Diputación Permanente que ejercerá funciones durante el segundo periodo extraordinario mayo-septiembre de 2017, misma que será presidida por el diputado Emeterio Ochoa Bazúa.

Los diputados José Ángel Rochín López, Fermín Trujillo Fuentes, Ana Luisa Valdez Avilés y Lisette López Godínez, fungirán como vicepresidente, secretario y suplentes, respectivamente. Enseguida se entonó el Himno Nacional, para posteriormente clausurar la sesión.

Con oportunidad se informó el día y la hora que sesionará la Diputación Permanente.

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Publicado por en Abr 27 2017. Campo bajo Politica. Puedes seguir cualquier respuesta a través de RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

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